sábado, 14 de abril de 2012

Salud y república


Los destinos de algunas personas como los destinos de algunas naciones no deberían ser fruto del azar, sino de la capacidad de decidir de forma racional sobre su vida o sobre su historia.

España ha puesto demasiadas veces su futuro en manos del azar y las ocasiones en que ha intentado usar de su raciocinio, alguien ha venido a estropearlo. Como decía Ortega, refiriéndose a nuestro país, empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo.

Cuentan las crónicas que Carlos I tras prestar juramento ante las Cortes de Castilla –de muy mala gana según dicen- tuvo que escuchar el siguiente consejo: Habéis de saber, señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación. Luego, la cosa acabó como acabó en Villalar.

Ha corrido mucha agua bajo el puente de la historia y la monarquía española del siglo XXI, tiene otros mimbres, pero no parece muy responsable, con la que está cayendo en el país y en su familia, que quien ocupa la Jefatura del Estado se dedique a placeres cinegéticos y aunque supongo enterado de su ausencia al Presidente de Gobierno, la imagen transmitida a la opinión pública sea la de un crío haciendo novillos. El señor Borbón, puede hacer con su tiempo y con su dinero lo que quiera; el Rey Juan Carlos I de España, tiene que asumir que las personas con responsabilidades públicas deben observar un comportamiento ejemplar –como dijo él mismo en su discurso navideño- y manejar –digo yo- los dineros de la Casa Real que salen de los Presupuestos del Estado, con exquisito cuidado y transparencia. Es cierto que según nuestra Constitución, el Rey reina pero no gobierna, pero su vida pública y privada deben ir paralelas; no se puede ser monarca en jornada laboral de 8 a 3, igual que no se puede ocupar cualquier cargo público sin quedar sometido a unas obligaciones y a un comportamiento ético. Y aunque en algunos casos el deber y el placer van por caminos distintos, al menos a la ciudadanía le queda el amparo de la ley y en todo caso el juicio inapelable de las urnas.

Comenzada la segunda década del siglo XXI, y con lo que España lleva vivido en su historia, no está justificado que la cabeza de la nación esté ocupada por alguien que basa su derecho en legitimidades históricas y dinásticas. Ese lugar debe ser ocupado por una persona en quien delegue su poder soberano, a través de unas elecciones democráticas, la ciudadanía de este país.

SALUD Y REPÚBLICA 



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